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22 de agosto de 2016. Reunión en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.


Desde el Centro PEN Argentina coincidimos con otros muchos actores sobre la necesidad de reformar la ley de derechos de autor, la célebre 11723 que consagra la propiedad intelectual, que fue promulgada en 1933 y sufrió innumerables intervenciones y adecuaciones en estos años. También entendemos que el impacto de las nuevas tecnologías exige un profundo debate de los actores sociales involucrados y una responsable labor legislativa.

 

El 22 de agosto estuvimos reunidos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor con el Director Nacional del Derecho de Autor, el Dr. Gustavo Schötz, y la Directora de Coordinación y Asuntos Institucionales en Materia de Propiedad Intelectual, la Dra. Graciela Peiretti, acompañados por Magdalena Iraizoz, Directora Ejecutiva de CADRA y Alejandro Vaccaro, Presidente de la SADE.

Se presentó una reunión que abordó el tema de los posibles cambios en la ley 11.723 de propiedad intelectual y un nuevo abordaje en el tema de exenciones.

No es la primera reunión en relación a cambios de legislaturas en el congreso. Ya hubo reuniones interministeriales con Cancillería y Ministerio de Cultura.

La idea es modificar todo lo competente al registro, las exenciones y limitaciones, las sociedades de gestión colectiva y al régimen de sanciones, pudiendo crear una fiscalía dependiente de la DNDA.

 

Se mencionaron las siguientes posibles modificaciones en el derecho a cita y en exenciones y limitaciones:

Artículo 10. Se incorporarán otro tipo de obras a las mencionadas literarias científicas y musicales y se hará lícito el derecho a cita de fragmentos cortos de obras ya divulgadas en artículos periodísticos, TV y radio y para fines docentes y de investigación. De esta forma se pondrá fin a la medición exacta de cantidad de palabras o compases.

Artículo 36. En primer lugar se agregarán las obras audiovisuales a la lista de representación ejecución y recitación de obras, y los autores de obras tendrán goce de derecho de autorizar y prohibir el uso y la puesta a disposición. Se agregará la excepción con fines de investigación y con fines educativos, tanto como la reproducción de obras en instituciones educativas, religiosas y museos cuando la entrada sea gratuita y persiga los fines de la institución.

 

Ya se encuentra en estado parlamentario el proyecto de María del Carmen Bianchi sobre excepciones a las bibliotecas, donde se busca un pedido de excepción a la portada, contraportada e índice para poder facilitar la búsqueda de libros.

 

Para lograr conseguir la aprobación se realizarán varios proyectos de ley que irán actualizando a la ley 11.723 de menor a mayor para que no sea frenado por distintos sectores con distintos intereses.

El primero de estos proyectos será la implementación en la legislación del Tratado de Marrakech, que facilita la creación de versiones de libros y obras protegidas para que sean accesibles para personas con discapacidad visual y que Argentina se encuentra en la veintena de países firmantes. De esta forma se creará un registro nacional de versiones de obras para personas con discapacidades visuales o perceptivas, es decir en braille o audiolibros. También buscará promoverse el intercambio fronterizo.

Una vez aprobado este, el segundo de los proyectos buscará actualizar los artículos 10 y 36 correspondientes a excepciones y limitaciones y legislar el Tratado de Beijing que está relacionado a la industria audiovisual.

Luego, un nuevo proyecto de ley corresponderá a las Sociedades de Gestión Colectiva donde apuntamos a que CADRA sea reconocida oficialmente y nosotros tendremos la oportunidad de trabajar en proyectos conjuntos gracias al convenio de colaboración que firmaremos inminentemente. En este aspecto, se debatieron posibles cambios en el agotamiento del derecho digital y en el manejo de las obras huérfanas a partir de las Sociedades de Gestión Colectiva.

Finalmente, se buscará la implementación de una fiscalía propia de la DNDA que sirva de ente regulador con la potestad de hacer mediaciones y de fiscalizar la medición del derecho a cita en instancia arbitral y judicial, y así evitar que los casos de litigio caigan en juzgados con jueces que no estén especializados en la materia de propiedad intelectual.

 

En la reunión también se abordaron temas aún sin definir que están pendientes para la redacción de este anteproyecto que cuando se vaya definiendo tendremos la posibilidad de evaluarlo. Por lo que consideramos de gran valor que nos hayan hecho parte de esta mesa de encuentro y esperamos nuevas reuniones en los próximos meses para seguir definiendo los cambios en esta ley que data de 1933.